martes, 16 de octubre de 2018

JUEZ PROHIBE INGRESO A LA PRENSA


CRÓNICAS DE MI PUEBLO



JUEZ PROHIBE INGRESO DE PERIODISTAS A LA “AUDIENCIA PÚBLICA” DE JUICIO A EXALCALDESA DE ARMENIA

Armenia, octubre 16 de 2018

Gilberto Montalvo Jiménez

El juez primero penal del circuito de Armenia Jairo Miguel Moncayo, prohibió de manera tajante el ingreso de los representantes de los medios de comunicación a la “ AUDIENCIA PÚBLICA” que se le sigue a la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, por los presuntos delitos  de concurso homogéneo de intereses  indebidos en la celebración de cinco contratos; concurso homogéneo de peculado por apropiación; falsedad ideológica agravada en documento público; concierto para delinquir y concurso heterogéneo de tramitación y celebración de cinco contratos sin los requisitos legales vigentes.

La señora Valencia renunció a su derecho constitucional de asistir a la audiencia y en sustituto lo hacen los voceros de su defensa.

Extraña la actitud del juez porque en reiteradas oportunidades el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, ha enfatizado la necesidad de que estos juicios de responsabilidades tan graves contra la moral y la ética deben ser absolutamente públicos.

El juez pasó cuenta de cobro a los medios porque al parecer tuvo una mala experiencia con el programa Séptimo Día que no respetó una solicitud de su intimidad y revelaron todo en una audiencia donde el togado revocó una medida de aseguramiento contra un sujeto que había asesinado de catorce martillazos a una menor de edad.

Este individuo una vez se le revocara la medida huyó y nadie sabe de su paradero.

Deja un mal sabor la decisión del juez que incluyó veto a celulares y equipos electrónicos, por su puesto, que está dentro de su autonomía procesal, pero comienzan las conjeturas maledicentes que en nada colaboran al buen suceso de un juicio en que la ciudadanía debe estar informada de manera transparente.

El principio de transparencia de la justicia está en la celeridad de sus decisiones y en el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada.


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